Elon Musk se ha convertido en una figura clave en la administración de Donald Trump, liderando una entidad gubernamental creada para «mejorar la eficiencia». Sin embargo, 14 estados han presentado una demanda alegando que su nombramiento es inconstitucional y representa un peligro para el equilibrio del poder en el país.
El caso, conocido como State of New Mexico v .Musk, ha sido asignado a la jueza Tanya Chutkan, reconocida por su dureza en casos de alto perfil. Su historial en procesos contra Trump y su administración ha provocado fuertes reacciones, y esta vez no parece ser la excepción.
La demanda argumenta que Musk no ha sido confirmado por el Senado ni ocupa un cargo oficial dentro del gobierno, lo que haría ilegal su capacidad para emitir órdenes, despedir empleados y modificar contratos gubernamentales. La acción legal busca detenerlo antes de que cause más daños, según los demandantes.
“Elon Musk, con la aprobación del presidente Trump, ha estado desmantelando agencias federales, accediendo a datos sensibles y generando caos en todo el país”, señalan los documentos judiciales.
El Departamento de Justicia también se ha visto sacudido por esta controversia. Varias renuncias ocurrieron tras la orden de la administración Trump de abandonar un caso contra el alcalde de Nueva York en un aparente intercambio político.
A pesar de las acusaciones, Trump y sus aliados han defendido el papel de Musk, calificando la demanda como un ataque político. Sin embargo, el caso ha unido a estados con gobiernos tanto demócratas como republicanos, lo que sugiere que la preocupación va más allá de la política partidista.
El desenlace de esta batalla legal podría marcar un antes y un después en la influencia de Musk dentro del gobierno. Si los tribunales fallan en su contra, las repercusiones podrían ser significativas, y no se descarta la posibilidad de sanciones más serias.
La gran pregunta sigue en el aire: ¿Hasta dónde llegará este caso y qué significa para el futuro de Elon Musk en el gobierno de Trump?.
