"Que se le ablande el corazón a la persona que toma las decisiones para que le conceda la pronta libertad". Este es el mensaje que ha transmitido la activista hispano-venezolana Rocío San Miguelal cumplir un mes encarcelada en la siniestra prisión del Helicoide caraqueño, una de las sedes de la policía política de Nicolás Maduro.
Pese a ser un referente para la sociedad civil venezolana, San Miguel sufre el rigor de la prisión revolucionaria .
"Le pedimos al gobierno español que acompañe el proceso hasta que Rocío pueda demostrar su inocencia y sea puesta en libertad", señalaron a EL MUNDO fuentes familiares. Los contactos establecidos entre el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el canciller chavista, Yván Gil, posibilitaron la primera visita de Miranda al Helicoide, tras recuperar ella misma la libertad horas antes.
El fiscal chavista acusa a San Miguel de participar en la supuesta conspiración conocida como 'Brazaletes blancos', además trabajar como "espía", de recibir un pago de una empresa petrolera y de aportar información sobre las defensas antiaéreas del país a cuatro embajadas europeas.
Entre las "pruebas" aportadas por el fiscal están los mapas de las distintas regiones militares de Venezuela, publicados durante años en la web de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, que San Miguel preside. Se trata de mapas de acceso público, de carácter académico y que además están desactualizados.
Fuentes familiares confirmaron que la preocupación se mantiene pese a la segunda visita de su hija Miranda, también implicada por la Fiscalía en la misma conspiración. La joven, de 24 años y que se graduó de Periodismo en la Universidad Complutense el año pasado, sufre medidas cautelares que le impiden volver a Madrid, donde reside.
"Queremos que pueda acceder a sus abogados lo antes posible", añadieron las mismas fuentes ante el estado de "total indefensión" que sufre San Miguel. A sus abogados ni siquiera se les ha dado la opción de tener acceso a su expediente, por lo cual no conocen sus cargos más allá de las ruedas de prensa de la Fiscalía. Incluso desde el Estado se le ha impuesto un funcionario del gobierno como abogado defensor. Mientras tanto los lapsos procesales se están venciendo.
Las autoridades penitenciarias tampoco trasladaron a la reconocida defensora de derechos humanos en ninguna de las tres fechas establecidas para su presentación formal en tribunales. "El caso de Rocío San Miguel es emblemático de las irregularidades presentes en el sistema de administración de justicia, que afectan a todos los venezolanos por igual", denunció el Laboratorio de Paz.
Actualmente en las mazmorras de Nicolás Maduro permanecen al menos seis presos políticos con doble nacionalidad española y venezolana. Además de San Miguel y de su antigua pareja, Alejandro González de Canales, son tres mujeres y un hombre: María Auxiliadora Delgado, Karen Hernández, Ángela Expósito y Jorge Alayeto, acusados todos ellos en diversas tramas y supuestas conspiraciones.
