Venezuela suspendió las actividades de la representación en el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instalada en 2019, a la que acusó de "bufete particular" de "golpistas y terroristas". El canciller Yvan Gil anunció ante la prensa esta decisión del gobierno del Presidente Nicolás Maduro, que incluye la expulsión del personal de esta Oficina Técnica de Asesoría, que deberá dejar el país en las próximas 72 horas.
El anuncio sigue a la "profunda preocupación" que expresó el Alto Comisionado por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, crítica de Maduro y acusada de "terrorismo" .
Gil señaló que el gobierno realizará "una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina, en los próximos 30 días" y ordenó "que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas". Antes de dejar el cargo, en agosto de 2022, Bachelet dijo que veía progresos en materia de derechos humanos en Venezuela, pero que aún quedaba "mucho por hacer". Su sucesor, Volker Türk, visitó Venezuela en enero de 2023, cuando se acordó que la oficina seguiría operando por dos años más. Durante su estancia animó a las autoridades a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente e insistió en tomar medidas para poner fin a las torturas. El comisionado se reunió además con diversos sectores de la sociedad civil, así como con autoridades del gobierno, y atendió denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. Dijo no obstante que hubo restricciones para acceder a algunos centros de detención en el país. Gil aclaró que Venezuela va "a seguir teniendo cooperación con la oficina del alto comisionado en Ginebra". Oenegés venezolanas de derechos humanos, como Provea, condenaron esta decisión del gobierno, que "aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales". El caso San Miguel San Miguel es directora de la ONG Control Ciudadano, que registra casos de violaciones de derechos humanos en civiles y militares. Es, además, una autoridad en temas de la Fuerza Armada. Fue detenida el 9 de febrero cuando se disponía a viajar al extranjero junto a su hija, quien también había sido detenida pero quedó en libertad condicional. La fiscalía la acusó de "traición a la patria", "terrorismo" y "conspiración", al vincularla "de manera directa" con un supuesto plan para asesinar a Maduro.
Su ex esposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, también fue capturado bajo sospecha de "revelación de secretos políticos y militares". Sus dos hermanos y el padre de su hija también fueron detenidos, aunque luego serían liberados. Estados Unidos y la Unión Europea, al igual que la oficina de derechos humanos de la ONU, expresaron "profunda preocupación" por el caso. "Si está preocupada por los derechos humanos de los venezolanos lo primero que tiene que hacer (la oficina de la ONU) es cooperar de manera estrecha con el gobierno nacional", manifestó Gil, que tachó a la representación de "oficina hemipléjica". "Solo piensa hacia un lado, al lado derecho, al lado de la extrema derecha, solo protege a personas que han intentado subvertir no solamente el orden constitucional sino generar violencia generalizada en Venezuela", añadió.
