Esta madrugada despegó, al mando de agentes estadounidenses, el avión de origen venezolano-iraní que estaba retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza desde el 6 de junio de 2022 en medio de un complejo entramado judicial. La noticia de la salida de la aeronave fue confirmada a LA NACION por fuentes del Poder Ejecutivo nacional .
A principio de año, el juez del caso, Federico Villena, hizo lugar al decomiso pedido por Estados Unidos. Fue tras un dictamen, en el mismo sentido, de la fiscal Cecilia Incardona. Desde el comienzo de la investigación se sospechaba entonces que sus tripulantes, venezolanos e iraníes, podían estar haciendo tareas de espionaje, aunque no hubo pruebas ni para procesarlos o sobreseerlos, por lo que todos los involucrados terminaron con falta de mérito.
El decomiso llevaba tiempo pedido por autoridades estadounidenses, pero estuvo demorado porque el gobierno de Alberto Fernández había retenido el exhorto diplomático internacional para no entrar en conflicto con Venezuela. “Entiendo que la petición es formalmente procedente, en tanto reúne los requisitos legales de admisibilidad que establece el Tratado de Asistencia Jurídica Internacional entre Argentina y Estados Unidos”, concluyó la fiscal Incardona a principio de año.
El decomiso de la aeronave, un Boeing 747-300 matriculado YV3531, pertenecía a la compañía venezolana Emtrasur, había sido pedido por la Justicia y el gobierno de Estados Unidos, a raíz de la transferencia irregular por parte de la aerolínea iraní Mahan Air. Para Estados Unidos la venta de Mahan Air a la venezolana Conviasa violó el embargo dispuesto contra esa aerolínea e Irán, por lo que desde que eso sucedió lo quiso decomisar, al entender que se violó una ley norteamericana que prohíbe negociar bienes norteamericanos con empresas listadas como sospechosas de terrorismo.
Para los estadounidenses, la situación alrededor de la aeronave se agravó entre febrero y mayo de 2022, porque la empresa venezolana accedió que el avión viajara desde Caracas a Teherán y Moscú. Fue poco después de eso que la aeronave pisó suelo argentino en medio de una situación que entonces no llamó la atención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
El 6 de junio llegó al aeropuerto de Ezeiza con una carga de autopartes, pero fue recién dos días después que se encendieron todas las alarmas. Cuando el avión despegó y se disponía a aterrizar en Uruguay, el país vecino le negó el aterrizaje. La aeronave debió volver entonces a Buenos Aires para cargar combustible y quedó entonces retenida en el país al igual que los tripulantes: quince venezolanos y cuatro iraníes, que fueron investigados y a la larga beneficiados con la falta de mérito y dejando el país en el último año. Ahora llegó el turno del decomiso del avión.
IrregularidadesA comienzos de este mes, el caso sumó un nuevo capítulo judicial. Fue cuando un diplomático venezolano fue demorado momentáneamente por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El diplomático llegó hasta la aeronave en compañía de una funcionario de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en un sector restringido de la aero estación, se bajó de un auto y comenzó a sacarle fotos a la aeronave.
Fuentes con conocimiento del caso señalaron que el episodio ocurrió el 5 de febrero pasado y que el diplomático que intentaba sacar las fotos fue identificado por la PSA como José Jesús Jatar Díaz, primer secretario de la embajada de Venezuela en la Argentina, quien fue demorado y finalmente liberado por la justicia federal de Lomas de Zamora.
“Entró con un auto hasta el lado del avión y le sacó fotos. Se investiga quién lo autorizó, quién le franqueó la entrada al lugar, porque sacarle fotos a un avión no es delito. La ANAC estaba controlada por La Cámpora”, deslizó entonces un funcionario a LA NACION.
