Al menos 20 partidos políticos de la oposición venezolana liderada por la candidata presidencial María Corina Machado anunciaron este miércoles la formación de una plataforma que buscará organizar a los ciudadanos de cara a las elecciones presidenciales que deben celebrarse este año.

El denominado aparato de “integridad electoral”, definido por Machado como la red de organización, seguridad, participación y vigilancia electoral “más poderosa” que ha existido en el país, estará integrada por “más de 600.000” personas.

“Nuestras funciones serán la captación para estimular la participación, organizarnos en función de la fecha y del evento electoral que se debe dar este año, procurar la participación de los venezolanos dentro y fuera del país, crear las condiciones de seguridad ciudadana y por supuesto de protección del voto”, explicó Henry Alviarez, coordinador de Vente Venezuela, la organización política liderada por Machado.

“El 2024 es el año, es nuestro año, es el momento de la libertad (…) cierro haciéndoles un llamado al Partido Socialista Unido de Venezuela, (el presidente Nicolás) Maduro como candidato, o al que pongan: ellos arrancaron una campaña electoral, nosotros arrancamos la nuestra”, dijo.

Aunque muchos dan por sentado que Maduro será el candidato de gobierno, aún no está confirmado.

“Es prematuro todavía. Apenas el año empieza”, respondió en una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet, retransmitida por el canal VTV .

Alviarez, quien debe presentarse cada 15 días en tribunales, después de que le fue levantada una orden de captura tras señalamientos del fiscal general Tarek William Saab, sobre su presunta participación, junto a otros dos colaboradores de Machado, en una conspiración contra el referendo consultivo sobre el Esequibo, aseguró, sin precisar cómo, que Machado participará en la elección y que “será presidenta”.

Obstáculos
Pero Machado aún debe hacer frente a un obstáculo: lograr ser que sea levantada su inhabilitación para ejercer cargos públicos considerada “ilegal” por gran parte de la sociedad civil venezolana, pero que le impediría formalizar su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Perkins Rocha, uno de los abogados de Machado, ha alertado en días recientes que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela la ha dejado en una “peligrosa situación de indefensión” al no permitirle acceso al expediente del recurso que interpuso contra la inhabilitación política que le impide formalizar su inscripción como candidata.

El 15 de diciembre Machado acudió ante el TSJ para introducir un reclamo junto a una demanda de amparo cautelar contra la “vía de hecho” de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años que le habría impuesto la Contraloría General de la República (CGR), una acción que afirma nunca le fue notificada.

En noviembre, Noruega, país facilitador en las negociaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, divulgó un procedimiento acordado por las partes para la revisión de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.

El mecanismo establece que “cada persona inhabilitada”, podría entre el 1 y el 15 de diciembre ejercer un recurso contra la medida ante el TSJ, que “se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado”.

Cuando Machado, quien con más de 2 millones de votos ganó la primaria presidencial de la oposición celebrada en octubre, ejerció el recurso, el TSJ pidió a la CGR la información relacionada con la inhabilitación de Machado, que también abarca la copia certificada de los actos administrativos por los que le habría sido impuesta la sanción.

Los abogados de Machado denuncian que tampoco pueden “saber de primera fuente del supuesto cumplimiento” de ese requerimiento.

Tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición en octubre, EEUU emitió licencias generales que autorizan “temporalmente”, algunas transacciones que involucran al sector de la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas “si no se cumplen los compromisos estipulados”, entre ellos el levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos que comenzó a concretarse.

A finales del mes pasado, el gobierno de Estados Unidos liberó a Alex Saab, un cercano aliado del presidente Nicolás Maduro, como parte de un intercambio por ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela. Unos 16 venezolanos considerados presos políticos también fueron excarcelados.

La oposición y otros sectores de la sociedad civil han denunciado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y que han sido utilizadas por el gobierno para “sacar de juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.