Mientras los estadounidenses se preparan para otras tensas elecciones presidenciales, el sistema legal estadounidense todavía está lidiando sobre cómo manejar a los cientos de personas que irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 para mantener al expresidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Según el Departamento de Justicia, más de 1.200 estadounidenses han sido acusados ​​penalmente por sus supuestas acciones durante los disturbios y más de 890 han sido declarados culpables de delitos federales. Más de la mitad de los declarados culpables han sido condenados a prisión.

Y Trump, quien también fue acusado penalmente por sus supuestas acciones luego de su derrota electoral de 2020, continúa propagando afirmaciones falsas de una elección robada y nuevamente compite por la Oficina Oval.

Incluso después de tres años, las fuerzas del orden y los jueces federales están sintiendo las reverberaciones de lo que se ha convertido en la investigación criminal más grande en la historia de Estados Unidos, y el público todavía está debatiendo cómo el asalto a la ciudadela de la democracia estadounidense definirá las leyes y la política del país.

El secretario de Justicia Merrick Garland dijo este viernes que “el Departamento de Justicia responsabilizará conforme a la ley a todos los perpetradores del 6 de enero en cualquier nivel, ya sea que estuvieran presentes ese día o fueran penalmente responsables del asalto a nuestra democracia”.

Pero hay factores en juego que pueden impedir que eso suceda.

El FBI sigue buscando a cientos de personas
El FBI y el Departamento de Justicia respondieron a los disturbios con una de las investigaciones policiales más extensas en la historia de Estados Unidos, que resultó en cientos de condenas por delitos que iban desde allanamiento de morada en los terrenos del Capitolio hasta conspiración sediciosa.

Sin embargo, tres años después, los investigadores han acusado solo a una fracción de los miles de personas que, según se estima, irrumpieron en los terrenos del Capitolio ese día.

El jueves, el fiscal federal para el Distrito de Columbia, Matthew Graves, dijo a los periodistas que los fiscales se han centrado principalmente “en aquellos que entraron al edificio o en aquellos que participaron en conductas violentas o depravadas en los terrenos del Capitolio”.

Miles de imágenes todavía están pegadas en el sitio "Más buscados" del FBI de personas acusadas de participar en el ataque .

Entre los que aún no han sido arrestados se encuentra la persona que colocó bombas caseras cerca de las sedes del Comité Nacional Republicano y del Comité Nacional Demócrata en Washington, la noche anterior al motín. Las agencias policiales ofrecen una recompensa de hasta US$ 500.000 por información que conduzca al arresto de esa persona.

Posibilidad de indultos presidenciales
Durante la campaña electoral y en sus propios procedimientos judiciales, Trump ha impulsado con vehemencia falsedades sobre los disturbios, llegando incluso a ofrecer apoyo a los amotinadores condenados, llamándolos “presos políticos” de la administración Biden.

En el foro de mayo de CNN, el expresidente, que enfrenta sus propios cargos relacionados con el ataque al Capitolio del 6 de enero y los esfuerzos por subvertir las elecciones, prometió que perdonaría “muy pronto” a una “gran parte” de los agitadores del 6 de enero si reelegido.

"Me inclino a perdonar a muchos de ellos", dijo Trump. "No puedo decirlo de todos y cada uno de ellos, porque un par de ellos probablemente se salieron de control".

Ese indulto ciertamente estaría en el poder de Trump si ganara las elecciones de 2024.

“El presidente a menudo perdona a personas determinadas”, dijo a CNN Jeffrey Crouch, profesor asistente de la American University y autor de “The Presidential Pardon Power”. “El presidente también puede emitir una proclama que no especifica nombres, sino que menciona, por ejemplo, el grupo de infractores cubiertos, las leyes que fueron infringidas y están incluidas en el alcance del indulto, y un período de tiempo en el que se aplica el indulto".

Varios otros presidentes –incluido Joe Biden, que perdonó todos los delitos federales anteriores de simple posesión de marihuana– han concedido anteriormente indultos masivos .

“Quizás los ejemplos más conocidos sean las amnistías de la Guerra Civil y la Guerra de Vietnam”, dijo Crouch.

Otros candidatos republicanos también han propuesto perdonar a los agitadores si asumieran la presidencia. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo esta semana que, bajo su administración, las personas condenadas por sus acciones ese día podrían solicitar indultos y clemencia.

Las impugnaciones legales de algunos cargos están en curso
La Corte Suprema ha dicho que considerará si se puede utilizar una ley federal de obstrucción para acusar a algunos presuntos miembros de la muchedumbre del 6 de enero, un caso que podría tener implicaciones para el propio caso de subversión electoral de Trump en Washington.

La ley de obstrucción en cuestión, que tipifica como delito la obstrucción corrupta de un procedimiento oficial, se ha utilizado para acusar a cientos de miembros de los agitadores pro-Trump que pretendían impedir la certificación del Congreso de la victoria de Biden en el colegio electoral de 2020 y para acusar al propio expresidente por sus supuestos esfuerzos por permanecer en el poder.

Un juez federal en Washington desestimó el cargo de obstrucción contra algunos acusados ​​el 6 de enero después de determinar que la supuesta conducta de los acusados ​​no estaba directamente dirigida a alterar registros, documentos u otros objetos relacionados con un procedimiento oficial, que es como lo establece la ley que generalmente se ha utilizado en el pasado.

Pero el tribunal federal de apelaciones en Washington revocó ese fallo, y el año pasado los jueces aceptaron una apelación de uno de los acusados, Joseph Fischer, y decidirán este plazo el alcance de la ley de obstrucción.

Fischer se declaró inocente de varios delitos relacionados con el ataque del 6 de enero y sus abogados le dijeron a CNN que "creen firmemente que la ley no se aplica a su conducta".

"El contexto histórico y el propósito de esta ley era disuadir a las personas que realmente destruirían o perjudicarían de otro modo las pruebas en relación con una investigación o una investigación específica del Congreso", dijo Jeffrey Green, abogado de Fischer. "No es una ley que tipifique como delito la alteración del curso ordinario de las actividades gubernamentales".

Si la Corte Suprema fallara a favor de su cliente, dijo Green, el efecto más inmediato “sería la desestimación de una serie de cargos pendientes” contra algunos de los acusados ​​del 6 de enero. Los casos que se desestimen “dependen bastante del acusado individual y de hechos como qué hicieron o no hicieron exactamente”, dijo Fritz Ulrich, otro de los abogados de Fischer.

De los cientos de personas condenadas por sus acciones ese día, dos docenas de personas han sido condenadas únicamente por el cargo de obstrucción, según la oficina del fiscal federal de Washington.

Aún no está claro cómo una decisión del tribunal superior de revocar el uso de la ley de obstrucción por parte del Departamento de Justicia afectaría el caso del fiscal especial Jack Smith contra Trump.

"Creo que nuestra posición probablemente haría más difícil el procesamiento de Jack Smith por el mismo cargo", dijo Green.