El aborto ya no es un derecho constitucional en Estados Unidos después de que el Tribunal Supremo haya anulado la sentencia 'Roe contra Wade' de 1973.
El drástico giro, impulsado por los republicanos y conservadores religiosos, llega tras años de debate y repercutirá en la salud de más de 30 millones de mujeres en el país.
¿Qué pasará ahora?, ¿qué significa esta decisión? Repasamos las claves para entender sus implicaciones y el camino recorrido para llegar hasta aquí.
El caso de Jane Roe contra Henry Wade, fiscal de distrito del condado de Dallas (Texas) supuso en 1973 un punto de inflexión en el reconocimiento del derecho al aborto en Estados Unidos. En una sentencia histórica, el Tribunal Supremo dictaminó que la ley texana, que permitía el aborto solo para casos de violación o para salvar la vida de la madre, violaba el derecho a la privacidad recogido en la Constitución de los Estados Unidos. Así, exigía tener en cuenta también otros criterios, como la etapa del embarazo y otras situaciones.
Según el texto, solo “para la etapa posterior a la viabilidad” del embarazo (esto es, en torno a la semana 24 en adelante), un estado podía, si lo deseaba, "regular, e incluso prohibir, el aborto, excepto cuando fuera necesario, a juicio médico apropiado, para la preservación de la vida o la salud de la madre”. La Corte Suprema reafirmó en otra sentencia de 1992 (Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania contra Casey) la protección de este derecho sin demasiadas restricciones.
Ahora, los jueces del Tribunal Supremo han decidido que el fallo es erróneo porque la Constitución de Estados Unidos no menciona específicamente el derecho al aborto. De hecho, aquella sentencia ya admitía que era así, pero basaba su argumentación en la defensa de la “privacidad” de la mujer.
Impulsado por la mayoría conservadora (6-3), la Corte ha confirmado también este viernes una ley de Misisipi en 2018 que prohíbe el aborto a partir de la semana 15 del embarazo. De la parte republicana, solo el presidente del Tribunal, John Roberts, ha votado en contra de anular Roe vs .
En adelante, los 50 estados podrán aprobar leyes que prohíban el aborto, pero también pueden protegerlo. Se estima que en torno 21 ellos, los más liberales, mantendrán su legalidad, mientras más de una veintena podrían perseguirlo por completo. Otra opción es que quede limitado a algunos supuestos.
Misuri ha sido el primero en prohibir el aborto en el mismo día de la sentencia, seguido de Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Oklahoma, Dakota del Sur, Utah y Wisconsin
Idaho, Tennnessee y Texas también han aprobado de forma automática la prohibición de la interrupción del aborto aunque sus efectos no entrarán en vigor hasta dentro de 30 días, añadió la institución dedicada a la investigación sobre derechos reproductivos.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha reaccionado en su cuenta de Twitter tan pronto como se conoció el fallo que revoca la sentencia "Roe versus Wade" que en 1973 legalizó la interrupción del aborto en todo Estados Unidos. "Texas es un estado pro-vida. Lucharemos siempre para salvar a cada niño de los estragos del aborto", ha dicho.
Las mujeres con embarazos no deseados en un estado en el que quede prohibido tendrán que viajar (en ocasiones, cientos de kilómetros) hasta otro territorio nacional en el que sí sea legal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las restricciones de acceso al aborto abren la puerta a prácticas peligrosas para la salud de estas personas, como tomar píldoras compradas por Internet o acudir a clínicas no controladas.
Concretamente, la sentencia repercute en la salud de más de 30 millones de mujeres en Estados Unidos que viven en territorios contrarios al aborto, según las estimaciones
El derecho al aborto en general -y la anulación del caso Roe contra Wade en particular- ha sido un asunto de debate y controversia en Estados Unidos durante años. La cuestión formaba parte de las campañas electorales y el expresidente Donald Trump prometió que nombraría a jueces conservadores para revocarlo, cuando se presentó como candidato republicano en 2016.
A una semana de las elecciones de 2020, cumplía su promesa por completo al nombrar a la conservadora Amy Coney Barrett como sustituta de la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, quien había muerto pocos meses antes a los 87 años.
Pero la incorporación de la jueza Barrett no fue el único movimiento clave para la derogación. Antes, durante sus cuatro años de mandato, Trump pudo nombrar a otros dos jueces conservadores más, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. En 2018, Kavanaugh remplazó Anthony Kennedy, otro juez del Tribunal Supremo que, aunque conservador, había votado a favor del derecho al aborto y cuestiones LGTBI en otras ocasiones. Así se formó una mayoría conservadora de seis miembros frente a solo tres progresistas.
